En 2016 el gobierno colombiano introdujo un impuesto sobre las emisiones de carbono para combustibles fósiles de, aproximadamente, 5 USD por tonelada de CO2 equivalente. Las empresas pueden evitar el pago del impuesto con la compra de bonos de carbono de proyectos desarrollados en Colombia. Esto ha estimulado el mercado colombiano del carbono, que incluye proyectos dirigidos a reducir la deforestación: los llamados proyectos REDD+.
Al mismo tiempo, el gobierno colombiano recibe fondos internacionales para sus iniciativas REDD+ regionales (jurisdiccionales) en la Amazonía y, en consecuencia, ha adoptado reglas para garantizar que los proyectos voluntarios no vendan una cantidad excesiva de derechos de emisiones de carbono. Si lo hicieran, se reducirían los fondos que puede recibir el gobierno colombiano o se generaría un problema de doble contabilización al pagar por las mismas emisiones evitadas tanto los compradores del mercado voluntario del carbono como los donantes internacionales.
No obstante, como se señala en este informe, al menos dos proyectos de gran envergadura no utilizan los valores de referencia oficiales fijados por el gobierno para medir las emisiones que han evitado: son el proyecto Matavén, registrado en el programa VCS, y el proyecto Kaliawiri, registrado en el programa ProClima. Al establecer líneas base artificialmente altas, estos proyectos de protección forestal lograron generar millones de bonos de carbono adicionales que difícilmente supondrán beneficios reales para el medio ambiente. Es probable que estos bonos representen ’aire caliente’ (también conocidos como ‘hot air’), es decir que no ofrecen resultados prácticos para el clima ni para la conservación forestal. Además, dado que estos bonos fueron utilizados por empresas como sustituto del pago del impuesto nacional sobre las emisiones de carbono, también generaron una pérdida de ingresos públicos.
Se calcula que los dos proyectos analizados han generado cerca de 21 millones de bonos más de los que habrían generado si hubiesen empleado los valores oficiales del gobierno para fijar su línea base. De ellos, 12,4 millones posiblemente están infringiendo los reglamentos nacionales, o al menos se han expedido como resultado de aprovechar una falta de claridad en los reglamentos. Si se utilizasen todos esos bonos para evitar el pago del impuesto colombiano al carbono, el gobierno dejaría de percibir 62 millones de USD en ingresos fiscales.
Ya se han utilizado 4,9 millones de bonos por aire caliente, lo que supone una pérdida de 25 millones de USD para el Estado. Estos bonos fueron utilizados, casi en su totalidad, por una sola empresa: Primax Colombia SAS, una distribuidora de combustibles fósiles a la que se aplica el impuesto al carbono.
Este análisis también informa sobre un proyecto que sí empleó los valores oficiales para su línea base (el proyecto REDD+ Ticoya). Con esto se quiere demostrar que otros proyectos también habrían podido adoptar el mismo enfoque.
Por último, es necesario destacar que se necesitan con urgencia fondos para la conservación forestal y que los pueblos indígenas deben recibir ayuda, incluida ayuda económica, para los esfuerzos de conservación. Sin embargo, no debe sacrificarse la integridad medioambiental para prometer a los compradores un impacto mayor del que en realidad se ha logrado.
